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EDITORIAL: Un mes después

Hace ya un mes que una furgoneta sembró Las Ramblas de Barcelona de muerte y destrucción. Se cobró la vida de 16 inocentes y dejó decenas de heridos.

Apenas sabemos nada sobre quién o quienes eligieron el momento de atentar en Barcelona, cómo se gestó la célula yihadista de Ripoll y por qué ni la radicalización de sus miembros ni los preparativos del atentado dispararon las alarmas de los servicios antiterroristas. Pero ni los partidos ni el grueso de los medios de comunicación se formulan ya esas preguntas. Superado el luto oficial, toda la atención se centra en 1-O.

Si se creó una comisión parlamentaria tras el 11-M, resulta chocante que no se haya hecho sobre los atentados del 17-A. Sabemos que la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos tenían por separado suficiente información sobre el imán de Ripoll y líder de la célula yihadista, como para haberlo sometido a una estrecha vigilancia que, tal vez, solo tal vez, hubiera abortado sus planes.

Al margen de las alertas desechadas, este dato bastaría por sí solo para exigir al Congreso que investigue el 17-A, identifique los fallos de coordinación y modifique la estrategia antiterrorista para evitar que los recelos entre policías o las tensiones políticas distraigan a los servidores públicos, a todos, de su función principal: proteger a los ciudadanos.

 

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